El PP de Getafe denuncia en el juzgado las presuntas irregularidades del Gobierno socialista en la adjudicación de 1423 aparcamientos

Los implicados, entre ellos el alcalde Pedro Castro, podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El PP considera inaceptable que el alcalde mantenga en su equipo a la concejala que adjudicó un parking a sus familiares

La vicesecretaria general del PP de Madrid, Gádor Ongil, y el portavoz del Partido Popular de Getafe, Carlos González, han presentado en los juzgados del municipio una denuncia por una posible adjudicación irregular por parte del Gobierno socialista de 1.423 plazas de aparcamiento en Getafe, en la que se podría haber incurrido en delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

En esta operación urbanística estarían presuntamente involucrados el propio alcalde de Getafe, Pedro Castro, el concejal de Hacienda, David Castro, la concejala de Obras y Servicios, Cristina González, familiares de ésta y empresarios afines al PSOE, y podría haber supuesto un beneficio aproximado de 12 millones de euros para los gestores y concesionarios de los parkings.

El portavoz del Partido Popular de Getafe, Carlos González ha considerado inaceptable que el alcalde y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, “haya intentado cerrar en falso estos graves hechos”, que ya fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción, “sin dar ninguna explicación a la ciudadanía y manteniendo en su equipo a una de las máximas implicadas, la edil de Obras, que adjudicó uno de los aparcamientos a sus familiares, actuando en beneficio propio”.

Por su parte, la vicesecretaria general del PP en Madrid, Gádor Ongil, recordó que este caso se suma a la lista de despropósitos del alcalde y señaló que “como confirman las informaciones que se conocen existe una vinculación, desde el principio hasta el final, entre los adjudicatarios de los aparcamientos, la gestora responsables de los mismos y los miembros del Gobierno municipal”.

“Es nuestro deber intentar que se esclarezca la verdad, es lo mínimo que se merecen nuestros vecinos, especialmente los 700 getafenses presuntamente estafados, que depositaron sus ahorros y sus ilusiones y a día de hoy siguen sin su dinero y sin su plaza de aparcamiento”, ha añadido el portavoz popular, que ha recordado que la construcción de estos subterráneos se encuentra paralizada desde hace más de un año.

PRIMERA DENUNCIA PÚBLICA
Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2009, cuando el PP de Getafe denuncia públicamente que la concejala de Obras y Servicios del Ayuntamiento, Cristina González, adjudicó las obras y explotación de un aparcamiento en Getafe, de 461 plazas, en la calle Jilguero, a la cooperativa presidida por su marido y en la que el padre y la madre de la edil figuran como secretario y tesorera, respectivamente.

La concejala votó a favor de esta adjudicación, el 12 de julio de 2007, en Junta de Gobierno local, y de la posterior modificación del pliego de condiciones y del contrato de adjudicación de esta concesión, el pasado 23 de abril de 2009.

TRAMA CORRUPTA
Tras conocer más datos acerca de estas concesiones, el PP denuncia el 3 de junio que el alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, podría haber organizado una trama corrupta para la adjudicación de 1423 plazas de aparcamiento en Getafe. La trama afectaría a cinco aparcamientos del plan municipal y podría suponer un beneficio aproximado de 12 millones de euros para los gestores y concesionarios de los parkings.

Las cinco cooperativas adjudicatarias de estos proyectos se crearon en la misma fecha, tienen la sede en el mismo domicilio, calle Madrid, nº30, 1ºA (Getafe), y pertenecen a la misma gestora, Roblepark S.L. Todas presentaron el mismo plan económico financiero, en un folio de Word, incumpliendo claramente todas las prescripciones del pliego de condiciones.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

A petición del Partido Popular, el 15 de junio se crea una comisión de investigación para esclarecer estos hechos. Después de tres sesiones, PSOE e IU dan carpetazo a la comisión. IU apoya el dictamen del PSOE en el que determinan que no se han detectado “anomalías administrativas” en el proceso de adjudicación.

En la comisión ha destacado la falta de transparencia y el oscurantismo. El PP recusó, sin éxito, a uno de los representantes del PSOE en la comisión, el concejal de Hacienda, David Castro, por entender que había participado supuestamente en la trama. Por otro lado, Pedro Castro rechazaba las comparecencias de los supuestos implicados, tal como había pedido el PP. Además, los expedientes de las adjudicaciones que fueron solicitados estaban “mutilados”, faltando las plicas originales de las empresas que se presentaron al concurso y documentos acreditativos de la capacidad financiera y solvencia técnica de las empresas adjudicatarias.

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