3 de marzo 2015 – El Grupo Socialista de Getafe ha exigido explicaciones al alcalde, Juan Soler, y a su concejala de Personal en relación al despido de una trabajadora. Tras la sentencia del Juzgado de los Social, nº1 de Madrid, de julio de 2013, el Ayuntamiento de Getafe ha triplicado los costes del despido por demorar la ejecución del mismo cerca de dos años.

La trabajadora, que pertenecía a una empresa que prestaba servicios al Ayuntamiento de Getafe, había decidido incorporarse al Ayuntamiento, como así permitía el fallo de la citada sentencia. El consistorio debía en este caso optar por la reincorporación o el pago de la indemnización, pero el gobierno de Juan Soler decidió, sin explicación alguna, demorar el ejercicio de la opción hasta febrero de 2015. Como consecuencia de esta tardanza el pago a la trabajadora ha pasado de 21.156 euros a 59.389,60 euros

Con una sentencia de julio de 2013, no fue hasta el 5 de mayo de 2014, cuando se dictó una resolución por parte de la concejala de Personal, por la cual se decidía indemnizar a la trabajadora. Sin embargo se ha tenido que llegar hasta el citado 17 de febrero de 2015, diecinueve meses después de la sentencia, para que se elevara dicha resolución a Junta de Gobierno.

El despropósito ha durado hasta el último momento, puesto que el acuerdo de Junta de Gobierno del 17 de febrero, tuvo que ser declarado nulo siete días más tarde por no contar con el correspondiente informe de fiscalización. Finalmente, en Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2015 se adoptaba el acuerdo, con todos los informes necesarios, de indemnizar a la trabajadora con 59.389,60 euros.

Desde el Grupo Socialista se han pedido explicaciones por esta nefasta gestión de la concejala de Personal, que ha supuesto que los vecinos de Getafe paguen el triple del dinero fijado en la sentencia. Es evidente la ineficacia del Gobierno de Juan Soler, marcado por el despilfarro, los caprichos y el caos.

El Grupo Municipal Socialista de Getafe espera ahora las explicaciones que se ofrezca desde la Concejalía de Personal, para iniciar acciones legales ante esta más que negligente gestión de los fondos públicos