12 de febrero 2014 – No es comprensible que los ediles socialistas justifiquen su dimisión por la presión externa y no por el convencimiento de que era la decisión correcta”. UPyD Getafe considera que los imputados no deben ir en las listas electorales y que los cargos públicos deben dimitir cuando son procesados judicialmente.

La portavoz del Grupo Municipal de UPyD, Esperanza Fernández, ha valorado como “una decisión correcta” las dimisiones de cuatro concejales del PSOE y una de IU en el Ayuntamiento de Getafe, anunciadas en la tarde de ayer, debido a su implicación en el ‘Caso Aparcamientos’ pero ha asegurado que “no es comprensible que los ediles del PSOE justifiquen su dimisión por la presión externa y no por el convencimiento de que era la decisión correcta”.

“Incluso al dimitir, los concejales del PSOE no están convencidos de que debían hacerlo pese a que la juez ha encontrado indicios claros de delitos al iniciar el proceso. Cuando pesan sombras de duda tan fundamentadas sobre los servidores públicos, la dimisión es una medida necesaria y a ellos mismos les permite ejercer mejor su derecho de defensa alejados del foco mediático. En este punto de un proceso judicial lo más correcto es dimitir en aras de la recuperación del prestigio de las instituciones públicas, tan cuestionadas por los innumerables casos de corrupción”, ha señalado la edil.

Todos los concejales dimitidos están implicados en el “Caso Aparcamientos”, en el que la juez ha cerrado la instrucción y ha apreciado indicios claros de delitos como prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Tras un periodo en el que se puede recurrir el auto, el próximo paso podría ser la apertura del juicio oral.

UPyD ha manifestado que considera necesarias una serie de medidas de prevención y persecución de la corrupción que serán incluidas en su Código de Buenas Prácticas, que está actualmente en fase de elaboración. Entre las medidas que incluirá destacan cualquier cargo público de la formación que sea procesado judicialmente debe dimitir, así como que aquellas personas que estén imputadas no pueden ser incluidas en una lista electoral.